Condenado a prisión por insolventarse en forma fraudulenta para no pagar cuotas alimentarias

 

En una sentencia inédita en la Justicia de San Rafael, el tribunal integrado por Néstor Murcia, Ariel Hernández y Jorge Yapur condenó este viernes a José María Casado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito “insolvencia fraudulenta alimentaria”, al considerar probado que este empresario se declaró insolvente en forma apócrifa para incumplir el pago de cuotas alimentarias hacia su ex esposa Viviana Perdiguez durante casi seis años.

Casado no irá a la cárcel hasta que la sentencia quede firme, ya que aún puede cuestionar la sentencia en la Corte de Justicia provincial y nacional; aunque para evitar una posible fuga los magistrados le impusieron una serie de reglas: tiene prohibido su salida del país, debe fijar domicilio de residencia y no ausentarse del mismo sin previo aviso, y comparecer ante el tribunal cada dos meses.

Este caso comenzó con una demanda de Viviana Perdiguez en 2015 donde denunció a Casado por haber incumplido un acuerdo que firmaron el 10 de octubre de 2013 tras haberse separado.

En ese convenio acordaron que el hombre se quedaba con todos los bienes y las acciones de la sociedad La Payunia SRL a cambio de pagarle un monto mensual de por vida a la mujer, que sufre de un problema cardíaco que le produce infartos periódicos que le han ido afectando el corazón y que le impide trabajar.

Al principio la cuota mensual era de 15 mil pesos que se actualizaría con el porcentaje de aumento del precio de la nafta premiun de las estaciones de servicio Shell, índice que actualización que propuso el mismo Casado.

Pero esto se incumplió desde el principio y apenas pagó una cuota. Por eso, al momento de fijar la pena, el tribunal consideró que el delito se cometió desde el día de la firma del acuerdo hasta el 27 de mayo de 2019, día de inicio del juicio.

Ni siquiera los diversos reclamos, primeros verbales, y luego en la justicia de familia pudieron hacerle cumplir, ya que ahí empezaron las maniobras para ocultar bienes como una finca, secadero, camionetas y motos.

Según lo probado en el juicio, después del divorcio Casado puso la sociedad La Payunia SRL a nombre del casero de su finca, que es analfabeto, y de la esposa de éste. Y una semana antes de comenzar el juicio, hizo entrar a la firma en un concurso preventivo.

La abogada Carina Oliva, representante legal de Perdiguez, destacó que esta sentencia establece un precedente. “El problema de estos casos son los matrimonios donde existen sociedades donde se ocultan los bienes y al momento de divorciarse no hay nada para repartir”.

Otro condimento inédito de este caso es que los jueces, a pedido de esta abogada y la fiscal Paula Arana, ordenaron investigar a la Unidad Fiscal Departamental por “estafa procesal y falsedad ideológica de instrumento público” al abogado Rodolfo Geuna (defensor de Casado) y al contador Omar Luis Pasquier, y remitir estos antecedentes a los tribunales de ética del Colegio de Abogados local y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, respectivamente.

También se ordenó investigar por “falso testimonio y/o complicidad en el delito de insolvencia fraudulenta alimentaria” al empresario Ariel Russo, que declaró como testigo en el debate oral.

Se acusa al abogado Geuna de aprovecharse del desconocimiento de los empleados de Casado que figuran como titulares de La Payunia SRL para pedir el concurso preventivo de esa sociedad utilizada en las maniobras de ocultamiento de bienes; y al contador Pasquier de “acomodar” los estados contables y otros documentos a sabiendas de que en los hechos la sociedad es de Casado, como lo admitió en el juicio.

En el caso de Russo, según explicó la doctora Oliva, “aduce que las camionetas y motos están a nombre de él porque no se las ha pagado Casado, pero eso es mentira como se probó en el juicio. Se lo acusa de ser cómplice y de ayudarlo a incumplir con los deberes de alimentos”.