Domingo, 15 de Septiembre de 2019

Revés judicial para Richard Ermili en una causa que le inició a Canal 6 por daños y perjuicios

Richard Ermili Richard Ermili
 
 
La Cámara Civil ratificó la sentencia del juicio de primera instancia que desestimó la demanda que presentó Richard Ermili por daños y perjuicios.
Este miércoles se dio a conocer la sentencia de la Cámara Civil por la apelación que presentó Richard Ermili tras el fallo de primera instancia que desestimó una causa en contra de Canal 6 por daños y perjuicios. El educador y dirigente por los Derechos Humanos demandó una compensación por $380.000, en concepto de indemnización por el daño moral que le habría causado la transmisión de un informe periodístico sobre supuestas irregularidades en la Escuela N° 4-006 Pascual Iaccarini.
Los hechos
Ermili relató que en dicha nota, personas de ignorada identidad lo señalaron como responsable y aseveraron que años atrás había sido apartado de su cargo por malversación de fondos. Que el programa fue difundido por LV 87 Canal 6 de San Rafael y en el diario digital de propiedad de la demandada, “DIARIO UNO SAN RAFAEL”, al que también se puede acceder desde la página de YouTube, tomando indiscutible trascendencia social.
Refirió a la leyenda que subtitulaba el informe y expresó que se trató de un programa editado, grabado en los estudios del canal, que demuestra que la demandada sabía, antes de propagar la noticia, que a su parte -sin ninguna prueba- se le atribuían delitos de corrupción y malversación, pero aun así, no tuvo la menor intención de investigar previamente si lo dicho por estos sujetos era cierto.
Que envió carta documento emplazando a la demandada a identificar a las personas cuya imagen y voz estaban distorsionadas en la nota, a fin de accionar legalmente contra ellos y, a pesar de haber sido recepcionada, no hubo respuesta alguna a su requerimiento.
Manifestó que luego de la difusión de la noticia calumniosa, tuvo que explicarle a cada uno de los miembros de su familia y amigos que era absolutamente falsa, que él no era un corrupto ni había tenido siquiera una investigación por corrupción.
En tal apartado puntualizó los cargos que desempeñaba al tiempo de la interposición de demanda: Supervisor de la sección IV de doce escuelas secundarias de educación técnica en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe con más de 3000 alumnos bajo su dependencia; integrante del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) desde julio de 1985 y presidente, con mandato hasta octubre de 2017, de la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos San Rafael (filial de la anterior). Añadió que las calumnias e injurias vertidas crecieron y se desarrollaron en cada uno de dichos ámbitos.
Por su parte .TV. Río Diamante S.A. relató que el 28/08/2017, LV 87 canal 6 de San Rafael, emitió un informe periodístico sobre el estado de decadencia y abandono de la escuela Pascual Iaccarini. Además, se proponía mostrar las graves denuncias efectuadas por personas vinculadas a la escuela, sobre el accionar de algunos de sus directivos, entre ellos, el demandante. Sostuvo que los denunciantes alegaron temor por su integridad y pidieron que se reservaran sus identidades y así se procedió; que el programa informativo se limitó a difundir esos testimonios sin darles crédito ni reforzarlos, la única opinión propia era que la escuela que antes había sido modelo, ahora se confundía con el deterioro, el abandono y la desidia.
Señaló que su parte no contestó la carta documento recibida porque claramente no tenía la obligación de revelar la fuente periodística (conf. art. 43 C.N. y según surge también del Pacto San José de Costa Rica). No obstante, el canal otorgó al actor la posibilidad de que ejerciera su derecho de rectificación, éste accedió y, finalmente, pudo hacerlo en una difusión de idénticas características a aquella en la que se habían emitido las afirmaciones por él consideradas agravantes.
El fallo en primera instancia que fue corroborado por la Cámara Civil
El magistrado tuvo por acreditado el carácter de funcionario público de Ermili, al desempeñarse como Supervisor de escuelas técnicas; también, la existencia del in-forme especial respecto a la situación de la Escuela Pascual Iaccarini, en el que en su segunda parte, tres personas con identidad incierta denunciaron ciertos hechos, pero particularmente una, mencionó que el Supervisor fue apartado de su cargo años atrás por malversación de fondos; que Ermili fue sobreseído por la Junta Disciplinaria para la Educación Secundaria respecto a ciertas acusaciones que se le efectuaron cuando fue director de la Escuela N° 4-114, que en nada tenían que ver con el delito que se le imputa en el informe; y que la demandada otorgó al actor el derecho a réplica y Ermili efectuó una explicación genérica respecto a la situación, condiciones y estado de la escuela Pascual Iaccarini, sin entrar en consideraciones respecto a la imputación por malversación de fondos.
Luego se avocó al análisis de la garantía de la libertad de expresión y el consiguiente derecho de todos los habitantes de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. También refirió a lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional que prevé que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información. Continuó presentando el conflicto entre el derecho a la libertad de presa y el derecho al honor, para después referir que la Corte Nacional resolvió en el fallo “Patitó”, aplicar la doctrina de la Real Malicia que pregona que, si la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas y la información fuere de interés público, tratándose de una persona pública, el afectado deberá demostrar dicha falsedad y que fue difundida a sabiendas de ella o con notoria despreocupación de saberla. Resaltó que la Corte de la Nación ha sostenido que la violación del deber de consultar actuaciones judiciales completas, responde solamente a una negligencia de parte del informador, insuficiente para atribuirle responsabilidad.
En virtud de ello, concluyó que en el caso de autos, la actora no acreditó que la demandada omitiera deliberadamente corroborar con datos fehacientes la falsedad de la acusación y que sólo podría imputársele negligencia al difundir dicha manifestación. Hizo también alusión a que T.V. Río Diamante S.A. no estaba obligada a identificar a los denunciantes, por el derecho de preservar la fuente de información garantido en nuestra Carta Magna y, con estos fundamentos, rechazó la demanda entablada por Ricardo Alejandro Ermili