Viernes, 06 de Diciembre de 2019

El nuevo ministro de Gobierno está a favor de reformar la Constitución de Mendoza

 

Víctor Ibáñez fue elegido por el gobernador electo Rodolfo Suárez para que lo acompañe como su ministro de Gobierno. Este profesional de 49 años se desempeña hace cinco años como coordinador de gabinete del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y es titular de la cátedra de derecho constitucional.

En diálogo con el programa “Hijos del rigor” de Vibra FM (100.3) se mostró a favor de una reforma de la Constitución de Mendoza, ya que opina que ha quedado desactualizada.

En ese sentido, cree que son necesarios “incorporar los derechos de segunda, tercera y cuarta generación” y reformular garantías “como el amparo y al hábeas data para que sean regulados como corresponde en la Constitución”.

También propone modificar diversos aspectos de funcionamiento del órgano legislativo, “como el plazo de las sesiones ordinarias en la Legislatura, discutir sobre la unicameralidad o bicameralidad y la representación territorial”.

Considera fundamental el tema de la representación territorial, ya sea en un sistema de una o dos cámaras, “pero tiene que haber representación territorial”, es decir por departamentos.

Aseguró que “esto lo vengo diciendo hace 15 años, no tiene que ver con el hecho que vaya a asumir próximamente como ministro de Gobierno”.

Respecto a la composición de la Legislatura, argumentó que “ser bicameralista a unicameralista no es ser mejor o peor persona, ser federal o unitario tampoco, son herramientas de diseño constitucional que uno las trabaja en pos de lo que la comunidad quiere y necesita. Hoy la comunidad necesita debatir sobre el costo de la política y en ese sentido pasar de un sistema bicameral a uno unicameral me parece legítimo”.

Recordó que quince provincias tienen sistema unicameral y sólo ocho poseen legislatura bicameral, y todos los concejales deliberantes del país son unicamerales.

Ibáñez dijo además que una reforma constitucional permitirá eliminar anacronismos que aún persisten como el impedimento de las personas con discapacidad para ser candidatos a cargos electivos y ciertas atribuciones del poder ejecutivo “que son inexistentes como por ejemplo convocar a milicias, cosas que vienen de épocas pasadas que ya no tienen sentido”.

También plantea revisar “la competencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en material procesal administrativa”. Ejemplificó que un vecino de San Rafael o Malargüe que agota todos los pasos de un planteo administrativo en su respectivo municipio tiene que acudir a la Corte de la provincia. “Entonces hay que descentralizar eso”, opinó.