La Cámara Minera de Mendoza le pide la renuncia al Subsecretario de Minería

 

Desde la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza piden la renuncia del subsecretario de Minería Emilio Guiñazú porque lo responsabilizan de las idas y vueltas en la reforma de la Ley 7722.

Carlos Ferrer, presidente de la entidad empresaria, explicó en diálogo con Vibra FM (100.3) que le dijeron muchas veces a Guiñazú de hacer campañas de promoción de la minería para informar a la ciudadanía. pero consideró que pudo más “la soberbia del funcionario” y “creyó que con cuatro, cinco o seis discrusos que dio en los ultimos dos meses era suficiente para instaurar esta ley y así se lo vendió al gobernador Suárez. Esa fue la falla más grande que hubo en la comunicación de lo que es la esencia de la minería”.

Añadió que “coincidimos con los ambientalistas en pedirle la renuncia a Guiñazú. Desde la Cámara lo vamos a hacer por escrito. Los resultados de su gestión ha sido a todas luces lamentable”.

Opinó que la aprobación de la Ley 9202 que modificó la 7722 y su posterior derogación no es serio y va a entrar en el Libro Guinness de los Récords por ser la ley sancionada con todos los requisitos constitucionales que menos tiempo estuvo en vigencia: menos de una semana.

Cree “esto ha generado un daño institucional irreparable porque se ha vulnerable el sistema representativo de gobierno. La Constitución dice expresamente que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, no somos los cantones suizos en los cuales se juntan todos en una plaza y deciden las leyes”.

Consideró que “el reclamo social es válido en todos los casos, pero siempre y cuando sea por los medios, oportunidades y mecanismos que correspondan”, porque de lo contrario cualquier grupo no le venga bien una ley van a “apelar al mecanismo del apriete, de la extorsión, de los encapuchados y o de sitiar la Legislatura”.

Recordó que salieron a manifestar 9 o 10 mil personas bien organizados en puntos estratégicos, pero recordó que la provincia de Mendoza tiene casi dos millones de habitantes.

Para conocer la opinión mayoritaria Ferrer había planteado un plebiscito que “el gobernador no quiso ni tampoco los grupos antimineros, dijeron que no iban a participar porque eso no les daba garantía de nada, entonces con esa actitud es decir ‘vamos a hacer lo que nosotros queramos”.

Aseguró que esta situación generó inseguridad jurídica porque se aprobó una ley, la primera de un gobierno que comienza, con el 80% de los votos legislativos y a la semana se deroga.

El dirigente reveló que había empresas de servicios mineros que tenían intención de radicarse en Mendoza y que ahora darán marcha atrás. Además, de los 19 proyectos mineros a desarrollar en Mendoza, había cinco que hubieran podido ponerse en marcha en los próximos dos años.